Telecomunicación e interés público
Inspiración en el interés público, responsabilidad, búsqueda de la verdad, de permanente justicia y del cumplimiento de los de...
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19 de abril de 2011
En la actualidad una sola compañía tiene el 87% de la telefonía fija y el 70% de la móvil, en tanto que apenas dos empresas de televisión abierta concentran casi el 100% de la publicidad en el medio. En una economía de mercado esto no puede ser bueno, sobre todo porque los usuarios pierden opciones, calidad y precio.
Como consecuencia de la concentración, México tiene la tasa de penetración más baja en banda ancha entre las 34 naciones integran la OCDE. Lo mismo sucede cuando se hace la comparación en televisión de paga. México es el de menor adopción, con tan sólo 20% de hogares con este servicio, mientras en Canadá es de casi 100% y en España 60%.
En ese contexto importa mucho la pugna reciente entre las principales compañías de telecomunicaciones en México, las cuales no han podido subirse de lleno al tren de la convergencia de tecnologías —el futuro de la industria— porque tanto telefónicas como televisoras dominan el mercado en sus respectivos ámbitos. Esta dominancia afecta la calidad y el precio de los servicios que ofrecen. De ahí que sea necesaria la intervención del Estado, no en favor de una de las partes y en perjuicio de la otra, sino en beneficio del usuario.
Cuando una empresa concentra la mayor parte del mercado adquiere el poder para elevar sus precios y aumentar sus ganancias discrecionalmente sin que los clientes tengan la posibilidad de recurrir a un competidor que le ofrezca mejores servicios. Por lo mismo, la empresa no necesita cuidar la calidad de sus servicios; sus usuarios están cautivos.
Es una buena señal, por tanto, que la Comisión Federal de Competencia (CFC) y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) hayan concluido que para propiciar la competencia en los dos sectores haga falta permitirles a ambos participar en el negocio del otro. La propuesta es empezar bajando las tarifas de interconexión —lo que cobran las telefónicas a otras empresas por usar su infraestructura— para después permitir a la mayor telefónica del país entrar en televisión abierta a través de la licitación de una tercera cadena nacional de televisión.
La autoridad deberá cuidar que el proceso no reduzca un monopolio mientras permite el fortalecimiento de otro. Una vez obligados todos a competir en igualdad de condiciones, los usuarios tendrían que verse beneficiados con mejor calidad de los productos y tarifas más bajas.
Sin importar quiénes son los actores en disputa o cuál es su negocio, la autoridad regulatoria siempre debe buscar una competencia que impulse mejores opciones para los consumidores. Para ello se necesita un Estado fuerte que ponga orden, logre conciliar los intereses de todos los involucrados y proteja el interés público, por encima de cualquier presión.

Link: http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/52442.html
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En la actualidad una sola compañía tiene el 87% de la telefonía fija y el 70% de la móvil, en tanto que apenas dos empresas de televisión abierta concentran casi el 100% de la publicidad en el medio. En una economía de mercado esto no puede ser bueno, sobre todo porque los usuarios pierden opciones, calidad y precio.
Como consecuencia de la concentración, México tiene la tasa de penetración más baja en banda ancha entre las 34 naciones integran la OCDE. Lo mismo sucede cuando se hace la comparación en televisión de paga. México es el de menor adopción, con tan sólo 20% de hogares con este servicio, mientras en Canadá es de casi 100% y en España 60%.
En ese contexto importa mucho la pugna reciente entre las principales compañías de telecomunicaciones en México, las cuales no han podido subirse de lleno al tren de la convergencia de tecnologías —el futuro de la industria— porque tanto telefónicas como televisoras dominan el mercado en sus respectivos ámbitos. Esta dominancia afecta la calidad y el precio de los servicios que ofrecen. De ahí que sea necesaria la intervención del Estado, no en favor de una de las partes y en perjuicio de la otra, sino en beneficio del usuario.
Cuando una empresa concentra la mayor parte del mercado adquiere el poder para elevar sus precios y aumentar sus ganancias discrecionalmente sin que los clientes tengan la posibilidad de recurrir a un competidor que le ofrezca mejores servicios. Por lo mismo, la empresa no necesita cuidar la calidad de sus servicios; sus usuarios están cautivos.
Es una buena señal, por tanto, que la Comisión Federal de Competencia (CFC) y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) hayan concluido que para propiciar la competencia en los dos sectores haga falta permitirles a ambos participar en el negocio del otro. La propuesta es empezar bajando las tarifas de interconexión —lo que cobran las telefónicas a otras empresas por usar su infraestructura— para después permitir a la mayor telefónica del país entrar en televisión abierta a través de la licitación de una tercera cadena nacional de televisión.
La autoridad deberá cuidar que el proceso no reduzca un monopolio mientras permite el fortalecimiento de otro. Una vez obligados todos a competir en igualdad de condiciones, los usuarios tendrían que verse beneficiados con mejor calidad de los productos y tarifas más bajas.
Sin importar quiénes son los actores en disputa o cuál es su negocio, la autoridad regulatoria siempre debe buscar una competencia que impulse mejores opciones para los consumidores. Para ello se necesita un Estado fuerte que ponga orden, logre conciliar los intereses de todos los involucrados y proteja el interés público, por encima de cualquier presión.

Link: http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/52442.html
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